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PREFERENTES12/07/2018

ADICAE recurrirá el archivo de las preferentes de la CAM para velar por el interés general

Puedes seguir la rueda de prensa en el siguiente enlace https://goo.gl/PCS3hr

Manuel Pardos, presidente de ADICAE, ha criticado la actitud de la fiscalía: "Botín ha resucitado para defender a corruptos"

ADICAE asegura que la fiscalía ni ha querido ni ha dejado investigar el gran fraude de las preferentes

El invento de la justicia española con la denominada doctrina Botín, que solo busca favorecer a los acusados y debilitar a la acusación popular, ha servido de excusa para archivar este gran fraude. “Esto no quiere decir que no haya delitos, sino que no nos dejan juzgarlos si no está presente la acusación particular o la fiscalía”, ha asegurado Manuel Pardos. 

El presidente de la asociación ha matizado que la aplicación de la doctrina no quiere decir que ADICAE sea ilegítima, como “maliciosamente” ha asegurado la Fiscalía. “Emilio Botín, que en paz descanse, ha resucitado para defender a corruptos tan claramente condenados” ha sentenciado. 

El presidente, en rueda de prensa, ha criticado a la fiscalía por su vergonzosa actuación, como ya ocurrió en otros casos como las cajas gallegas, CCM o Bankia, en la que no se ha pedido reproche penal para este gran fraude. “La fiscalía no ha querido ni nos ha dejado investigar los indicios claros de oscuras maniobras organizadas que grupos han sido condenados en este fraude”. 

“El caso de las preferentes es un fraude organizado e intencionado para salvar los lamentables balances de estas cajas que se encontraban en quiebra”, ha explicado Pardos, quien ha anunciado el recurso de casación para velar por el interés de los ciudadanos y los consumidores. 

Frente a la vergonzosa actitud del ministerio fiscal, alineado claramente con los acusados, ADICAE acudirá al Supremo, y hasta donde sea necesario, para defender un interés social que legitimaría la acusación popular. “Vamos a llegar hasta el final, hasta donde haya que llegar, incluso Europa. Se trata de una clara vulneración del derecho de defensa legítima de las asociaciones de consumidores y usuarios”.

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