Nota de prensa
31/07/2013
La comisión de investigación sobre la gestión de las entidades financieras no servirá de nada si no se toman decisiones inmediatas y contundentes al respecto
Desde ADICAE creemos que se ha roto de manera irresponsable con el modelo tradicional de cajas de ahorro, que se han convertido en la peor versión de los bancos
Es indignante que los gestores y dirigentes de Caixa Catalunya sean incapaces de asumir sus errores que han llevado a la crisis de la entidad y a la insostenible situación de muchos consumidores engañados
Barcelona, 30 de julio de 2013. - Durante este mes de julio se han celebrado en el Parlamento algunas de las comparecencias de la Comisión de Investigación sobre la gestión de las entidades financieras y que pretende concluir qué responsabilidad tienen estas en la actual y grave situación por la que pasan tanto las propias entidades como muchos de sus clientes. Han pasado varios ex-dirigentes de Catalunya Caixa, actualmente CatalunyaBanc: los ex-presidentes Antoni Serra Ramoneda, Fernando Casado, Narcís Serra y Adolf Todó, y un ex-director general, Josep Maria Loza. Nadie, sin embargo, ha asumido ningún tipo de responsabilidad en la gestión de la entidad, ni tampoco de las consecuencias de esta, y en todo momento se han excluido de culpas dándolas, siempre, a una crisis "imprevisible" y que "nadie esperaba" o a otros ex dirigentes, como fue el caso de Todó que se atribuyó el 5% de culpa.
Si bien ningún compareciente ha asumido ninguna culpa, de sus palabras sí que se pueden extraer algunas conclusiones relevantes:
La comercialización de participaciones preferentes, especialmente la emisión realizada desde las Islas Caimán a través de la filial Caixa Catalunya Preferential Issuance Limited, con el visto bueno de los órganos supervisores, admitida por Loza y maldita por Serra Ramoneda ha afirmado que le repugnaba hacerlo pero "si querías colocar títulos, o pasabas por las Caimán con bendición del Banco de España y el Ministerio de Hacienda, o no te comías una rosca". Es dudosa, pues, la "repugna" de Serra Ramoneda, ya que si fuera así, él en el ejercicio de su cargo remunerado como presidente tenía suficiente margen de maniobra como para detener esta práctica fraudulenta y no lo hizo porque decidió sumarse al juego de la especulación poniendo en peligro los ahorros de miles de clientes que durante años habían depositado su confianza con la entidad. Además, los órganos encargados del control y la supervisión de actos como estos hicieron la vista gorda, los mismos que ahora exigen responsabilidades.
El excesivo vínculo de la caja con el negocio inmobiliario. El ex Ramoneda asume: "debería haber sido más vehemente a reducir la inversión inmobiliaria, pero era lo que tocaba". Las entidades financieras se dedicaron a especular con la vivienda y a provocar una burbuja inmobiliaria sin tener en cuenta la capacidad del cliente al que se le adjudicaba amparados por la injusta y leonina ley hipotecaria española que les permitía recuperar la deuda en caso de impago.
El elevado sueldo que cobraban los dirigentes de la entidad, a menudo astronómicos, cuando en realidad la caja recibía ayudas públicas, calculadas en unos 12.000 millones de euros, para evitar su quiebra.
Ante todo esto, hay que analizar el origen. Las cajas de ahorro fueron creadas con unos parámetros muy claros y que no se han respetado, por mucho que los comparecientes hayan defendido el modelo de cajas de ahorro y se hayan escondido detrás de su Obra Social. Las cajas de ahorro debían: ser democráticas y transparentes, trabajar en y por el territorio, estar al servicio de los pequeños ahorradores y no los especuladores, invertir en economía productiva, sostenible y responsable y fomentar una necesaria y justa obra social.
De todo ello nada se ha respetado y nada queda. La democracia (reglada por la ley 31/1985: "Exige una plena democratización de suspensión Órganos, de forma que en ellas puedan expresarse todos Los intereses") se ha sustituido por un sistema parásito donde los intereses de las instituciones, los partidos políticos y los grupos de interés prevalecen por encima de todo y son ellos los que controlan la gestión de la entidad, colocando los nombres que les interesa, sin escuchar ni a los clientes ni a las asociaciones de consumidores que de manera legítima los representan.
Además, han dejado de trabajar en el mundo local para expandirse más allá de sus fronteras (como ocurrió en la época de Serra Ramoneda), de esta manera se han olvidado de para quién fueron creadas y para quien trabajaban (pequeños ahorradores) para ponerse al servicio de los grandes especuladores. Esto se ha demostrado en la indignante comparecencia de Loza, que culpabiliza de la debilidad de la caja al tipo de cliente que tenían, las rentas medias-bajas: "que son más vulnerables a la crisis y al paro". El objetivo de las cajas era ser el motor del desarrollo de sectores económicos productivos y responsables lejos de modelos especulativos como el de la especulación inmobiliaria, condenando, además, a miles de personas con unas cláusulas suelo abusivas y unas hipotecas impagables. Finalmente, todo esto choca con el verdadero hilo conductor de estas entidades: la Obra Social, con la que se tenía que dar acceso a instrumentos de ahorro razonables y seguros a las capas más desprotegidas de la sociedad y que se ha visto que no ha sido así. Los datos hablan por sí solas: desde 2002 a 2007 la inversión en obra social fue del 25%, mientras que en reservas se destinó el 70% de los beneficios. Se ha hecho, pues, una obra social escasa, injusta y elitista.
Por todo ello, desde ADICAE creemos que esta comisión no servirá para nada si las formaciones políticas no actúan con seriedad, rigor y responsabilidad y toman las medidas necesarias para hacer pagar esta crisis a quienes realmente la han generado, los mismos que han sido gestores o dirigentes de las entidades que ahora lamentan, de manera cínica, la desaparición del modelo de cajas de ahorro. Además, exigimos que nada de esto vuelva a pasar porque desde las comunidades autónomas, desde el Estado y desde los órganos europeos ya existen mecanismos para controlar y supervisar la gestión de las empresas financieras y sus relaciones con los consumidores, mecanismos que no fueron utilizados entonces y que deben mejorarse y ponerse en marcha de manera inmediata, exigente y eficiente.
Contacto: comunicaciocat@adicae.net