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03/11/2017

ADICAE incorpora a más de 700 pequeños ahorradores accionistas al proceso penal frente al Popular

La Asociación, que ya presentó una querella como acusación popular, añade una querella como acusación particular con las familias que hasta ahora se han adherido a esta actuación

Sigue aumentando el número de afectados por el Popular que acuden a ADICAE para ser incluídos en las iniciativas legales puestas en marcha por la Asociación

ADICAE ha presentado el pasado 26 de octubre ante el juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional una nueva querella, en este caso como acusación particular en representación de más de 700 pequeños ahorradores accionistas y bonistas de la entidad, frente al Banco Popular y sus administradores (ACCEDE AQUÍ JUSTIFICACIÓN PRESENTACIÓN)

En las próximas semanas la asociación presentará nuevas ampliaciones a esta querella donde se incluirán todos los afectados que quieran sumarse a esta reclamación para la solicitud de la restitución de sus ahorros perdidos y buscar responsabilidades directas sobre los gestores del Banco Popular.

Esta acción, a la que hasta la fecha se han adherido 703 ahorradores con más de 9,7 millones de títulos a su nombre, se suma a la acusación popular presentada el pasado 25 de Septiembre por ADICAE como asociación de consumidores legitimada para ejercer la defensa colectiva de los más de 300.000 accionistas y bonitas del Banco Popular que han perdido íntegramente sus ahorros.

La querella penal se dirige contra el Banco Popular y 18 miembros del Consejo de Administración de la entidad como querellados y se solicita una fianza para cubrir las responsabilidades civiles derivadas de la pérdida de los ahorros de los pequeños ahorradores accionistas perjudicados.

En la querella se detallan los indicios de delitos de estafa a los inversores, falsedad contable y administración desleal. Así mismo se denuncias delitos contra el mercado de valores por el posible falseamiento o desinformación sobre la situación de la cartera, así como maquinación para alterar los precios de sus acciones en bolsa, además de un posible uso de información privilegiada dentro del consejo de administración con el fin de hacerse con el control del banco, lo que habría provocado que inversores más potentes e institucionales modificaran sus posiciones en la última etapa favoreciendo la fuga de depósitos previa al proceso de resolución y la falta de liquidez de la entidad.

De igual forma a lo solicitado en la querella presentada como acusación popular,  ADICAE solicita que se cite como testigos al ministro de Economía, Luis de Guindos, a Ana Botín, presidente de Banco Santander, así como a los representantes del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Esta acción se suma a los contenciosos administrativos presentados contra el FROB y contra la JUR en los que se ha solicitado acceso a los informes sobre los que se sustento la aplicación del mecanismo único de resolución (MUR).

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