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Nota de prensa

13/07/2017

ADICAE ha pedido la revisión del MUR en su renovación como único miembro español del principal organismo europeo en defensa de consumidores.

ADICAE ha presentado en Bruselas un requerimiento a la Junta Única de Resolución (JUR) en aplicación del art. 2 de la Decisión de la Reunión Ejecutiva de la Junta sobre el acceso del público a los documentos del JUR, por lo que se solicitan las actas de las sesiones que concluyeron en la resolución exprés del siete de junio.

La asociación renueva su estatus como parte del Financial Services User Group (FSUG), el principal organismo que asesora a la Comisión Europea en relación a las leyes que afectan a los intereses de los consumidores del sector financiero, y ha propuesto que se aborde la inmediata revisión del Mecanismo Único de Resolución (MUR).

Madrid, 13 de julio. ADICAE renueva como uno de los 20 miembros del FSUG (Financial Services User Group, en sus siglas en inglés), el principal organismo europeo de representación de los intereses de los consumidores en el sector financiero de Europa y cuya principal misión es asesorar a la Comisión Europea en la preparación y aplicación de leyes e iniciativas políticas que afectan a los usuarios.

Miembro del Comité de Dirección de ADICAE y ex componente del Banking Stakeholder Group de European Banking Ahthority, Javier Contreras, en su primera intervención como único miembro español del FSUG, ha propuesto este mismo miércoles que el grupo aborde la inmediata revisión del Mecanismo Único de Resolución (MUR) que acaba de estrenarse en España con la gestión de la crisis del Banco Popular.

De forma paralela, los abogados de los servicios jurídicos de ADICAE han presentado en Bruselas un requerimiento a la Junta Única de Resolución (JUR) por el que se solicitan las actas de las sesiones ejecutivas respecto al Banco Popular que concluyeron en la resolución exprés del siete de junio. Como señala la asociación en su requerimiento, el derecho de los accionistas a conocer las razones por las que estos organismos tomaron una decisión tan extrema, debe ser tenido en cuenta y ha de aportarse la información necesaria para comprender los intereses que influyeron en el desenlace.

La asociación considera imperativo que las instituciones europeas revisen el actual marco de actuación por el que se ha llevado a cabo esta resolución ya que es inadmisible su falta de transparencia y su negativa a hacer públicos los informes de la empresa Deloitte, en base a los cuáles, se ha justificado la intervención. Más si cabe, considerando que se trata de un hecho que ha causado la pérdida del patrimonio de las más de 300.000 familias que tenían invertidos sus ahorros en acciones del Banco Popular.

Resulta incomprensible que las familias de pequeños ahorradores del sexto mayor banco de España hayan perdido su dinero por la falta de liquidez de una entidad que el propio JUR consideraba solvente. La actuación del FROB - ante el cual ADICAE ya presentó un recurso contencioso administrativo- el JUR y el MUR ha obligado a que los pequeños ahorradores sean quienes carguen con las pérdidas de la entidad. Estos organismos han adjudicado al accionariado una responsabilidad propia de verdaderos propietarios y han hecho recaer todas las consecuencias sobre sus hombros, pese a que estas familias no tenían ninguna competencia en las decisiones que ha tomado la entidad y no deberían ser ellos quienes pagasen con su patrimonio por una mala gestión.

El desenlace del desplome del Popular evidencia que el Mecanismo Único de Resolución debe revisar su actuación en los contextos en los que las entidades con falta de liquidez no resulten ser insolventes.

ADICAE insta a las instituciones europeas a aclarar lo sucedido, al tiempo que exige el resarcimiento de los daños de los pequeños inversores. Estas familias han sido despojados de su patrimonio para vender la entidad a un euro al Banco Santander que, en cambio, sí se beneficiará de los recursos que aún poseía el Banco Popular.

La asociación seguirá presionando en los diferentes grupos internacionales en los que participa para defender los derechos de los consumidores, tanto en el FSUG como el Payment Systems Market Expert Group, ambos parte de la Comisión Europea. Y también mantendrá la misma posición en otras organizaciones internacionales a las que pertenece como Consumers International (Federación internacional de asociaciones de Consumidores) o de Better Finance (Federación de usuarios de servicios financieros y pequeños accionistas).

Enlace al documento de los miembros del FSUG (https://goo.gl/kt4nbD)

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